Años después del fin del genocidio, en 2002, el Gobierno de Ruanda aprobó la creación de los llamados tribunales “gacaca”, unos tribunales que nacieron para afrontar la sobrecarga de casos a la que se enfrentaba el sistema de justicia convencional y la crisis carcelaria de entonces. Según datos de Human Rights Watch (HRW), en 1998 había 130.000 personas sospechosas de haber participado en el genocidio internadas en una cárcel con capacidad para 12.000 personas; mientas que entre diciembre de 1996 y principios de 1998 tan solo se habían procesado a 1.292 de los imputados. Ante esta situación se crearon los “gacaca”, una forma de justicia participativa que reposaba sobre las comunidades ya que eran los miembros de éstas los encargados de elegir a las personas que serían las responsables de aprobar las listas de personas sospechosas de haber tomado parte activa en el genocidio.

 

Pese a que en un principio estaba previsto poner en marcha un total de 9.000 tribunales “gacaca”, según datos de Amnistía Internacional, muchos de ellos no pudieron ser llevados a cabo por falta de participación ciudadana. Según señaló Carmen Mormeneo, de AI, gran parte de la población tenía miedo a participar debido a presiones, corrupción y falta de apoyo y, además, la confianza en los tribunales estaba mermada dado que “personas declaradas inocentes por la población seguían encarceladas y otras consideradas culpables eran puestas en libertad mientras se seguían produciendo detenciones arbitrarias”.

 

En este sentido también se manifestó la ONG Human Rights Watch (HRW), que realizó un informe sobre los tribunales “gacaca” para cuya realización observó 2.000 días de juicios en el sistema gacaca, revisó más de 350 casos y entrevistó a cientos de participantes en todas las partes del proceso gacaca, incluyendo acusados, supervivientes del genocidio, testigos, otros miembros de la comunidad, jueces y funcionarios del Gobierno local y nacional. Los testimonios recogidos pusieron de manifiesto la violación de algunos derechos fundamentales como, por ejemplo, no ser juzgado dos veces por el mismo delito, el derecho del acusado a ser informado de los cargos a los que se enfrenta o la concesión de tiempo suficiente para preparar la defensa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Celebración de uno de los tribunales 'gacaca' en Ruanda. BBC

 

“A AI le preocupó desde el principio su (de los ‘gacaca’) naturaleza extrajudicial y que la legislación aplicada no cumpliera con los estándares internacionales de un juicio justo”, señaló Mormeneo, que explicó que los procedimientos carecían de garantías de ser “justos” y que contemplaban la posibilidad de imponer penas de cadena perpetua. “Desde el principio se dudó de que se respetaran los principios de imparcialidad y presunción de inocencia”.

 

Uno de los principales problemas de los “gacaca” para ONGs como HRW y Amnisitía Internacional fue la ausencia de formación legal y en derechos humanos de la mayoría de los jueces que, además, eliminaron de su jurisdicción los crímenes cometidos por el Frente Patriótico Ruandés (FPR), por lo que una parte considerable de las atrocidades cometidas durante esos cien días quedaron impunes.

 

Los tribunales “gacaca”, que contaron con el apoyo institucional y financiero de países como Bélgica, Holanda, Austria y Suiza, contaban con dos medidas esenciales para lograr el objetivo de la reconciliación, según explicó Mormeneo. La primera de estas medidas contemplaba el pago de una indemnización a las víctimas del genocidio mientras que la segunda se basaba en la “puesta en marcha de un programa que permitiera a los victimarios reparar a la comunidad por los daños causados y cumplir así parte de su condena”. Sin embargo, según denunció la integrante de AI, pese a que incluso se aprobaron leyes para velar por el cumplimiento de las medidas, “a los 10 años del genocidio esto no se había hecho”. “Los tribunales ‘gacaca’ nacieron con grandes debilidades que no se subsanaron”, sentenció Mormeneo.