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RUANDA: 20 AÑOS SIN VENCEDORES NI VENCIDOS

 Leyes y Derechos Humanos

En 2003, el gobierno ruandés inició una campaña destinada a limitar los discursos que promovieran el genocidio o que hicieran apología del odio con la aprobación de las leyes 18/2008 sobre el castigo del crimen de ideología genocida y la 47/2001 sobre prevención, supresión y castigo del delito de discriminación y sectarimso. Estas leyes contemplan penas de entre 10 y 25 años de cárcel para mayores de edad, de entre 5 y 12,5 años para personas de entre 12 y 18 años y de hasta 12 meses e un centro de menores para aquellos que no superen los 12 años. Además, en el caso de los menores, los padres, tutores o profesores también podrán ser sancionados como culpables de “inocular ideología genocida”.

 

Según explicó Carmen Mormeneo, de Amnistía Internacional, la “vaguedad” con las que están formuladas estas leyes “ha sido aprovechada para criminalizar a los disidentes y opositores al gobierno”, y añadió que “ni siquiera los jueces son capaces de interpretarlas de manera homogénea”. Y es que su interpretación ha llevado a la encarcelación de personas como Victoire Ingabire, candidata a la presidencia por el partido Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU) que fue sentenciada 15 años de prisión por condenar las violaciones de Derechos Humanos, de hutus y tutsis, cometidas en torno al genocidio. “Tras haber asistido como organización observadora al juicio de la lideresa de la oposición Victoire Ingabire, AI ha denunciado las deficiencias del proceso y ahora vela por el derecho de esta persona a apelar a un tribunal superior”, aseguró Mormeneo.

 

El caso de Ingabire tuvo una gran repercusión fuera de las fronteras de Ruanda y puso de manifiesto la cara “B” de las leyes 18/2008 y 47/2001 y la labor del Gobierno ruandés por acallar a la oposición. El Parlamento Europeo emitió en mayo de 2013 una Propuesta de Resolución Común en la que expresaba su “honda preocupación” por el juicio inicial de Victoire Ingabire del que, dicen, no se ajustó a los criterios internacionales. En su resolución, el Parlamento condena, asimismo, “la motivación política del juicio, el procesamiento de los oponentes políticos y la determinación previa del resultado del juicio”, mientras que “pide al poder judicial ruandés que garantice a Victoire Ingabire un juicio de apelación rápido y justo que se atenga a los criterios fijados por el Derecho ruandés e internacional”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               El embajador de Ruanda en la ONU Eugène-Richard Gasana. AP/El Universal

 

Para AI, que elaboró un informe sobre estas legislaciones bajo el título “Mejor guardar silencio: El terrible efecto de las leyes sobre ‘ideología genocida’ y ‘sectarismo’ de Ruanda”, lejos de haber cumplido con su propósito inicial, que definen como “legítimo”, las leyes han servido “para anular a la oposición con arrestos preelectorales y restricciones asociativas, para acallar a periodistas y medios de comunicación con detenciones, enjuiciamientos y cierres y para tratar de silenciar a organizaciones no gubernamentales ruandesas e internacionales, incluida AI, extendiendo gratuitos mantos de sospecha”. Tanto es así que incluso las cadenas BBC y VOA fueron acusadas en 2009 de difundir “ideología genocida”, lo que desencadenó el cierre de los servicios de la BBC en Kinyarwanda durante dos meses.

 

Según se desprende de informes oficiales, entre los años 2007 y 2008, se registraron un total de 1.034 juicios relacionados con la llamada “ideología genocida”, con acusaciones que iban desde el asesinato y el envenenamiento a amenazas.

 

Las críticas han servido para que el Gobierno ruandés se comprometiera en abril de 2010 a revisar la ley de ideología genocida y, en 2011, reiterara este compromiso ante Naciones Unidas. No obstante y pese a que existe un nuevo borrador de esta ley revisado por el Parlamento, en la actualidad todavía no ha sido aprobado, por lo que, dijo la miembro de Amnistía Internacional, desde la organización continúan presionando para que esta ley sea “coherente con las obligaciones que impone el derecho internacional de los derechos humanos”.

 

 

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