En la actualidad, una de las principales preocupaciones del Ejecutivo ruandés es borrar el genocidio de la vida diaria de los ciudadanos. Desde que Paul Kagame fuera elegido presidente con el 95% de los votos en las primeras elecciones presidenciales tras las matanzas, celebradas el 25 de agosto de 2003, el genocidio ha estado presente en muchas de las acciones tomadas por el Gobierno. Más si tenemos en cuenta que en aquellos comicios la participación alcanzó el 80% y que, en septiembre del mismo año, el FPR triunfó con el 73,8% de los votos en coalición con otros cuatro partidos en las elecciones parlamentarias. Según explicó Alfonso Armada también en Cadena Ser, la política gubernamental actual está direccionada hacia “tratar de borrar especie de diferencia y visión étnica prohibiendo incluso definirse como hutu o tutsi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Mujeres con bebés esperan para ser atendidas en la consulta en Nemba, Ruanda. Navarra.es

 

Así, en marzo de 2007 se creó la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio, prevista en la Constitución de 2003 y cuyo objetivo era el de “organizar una reflexión permanente sobre el genocidio, sus consecuencias y las estrategias para su prevención y su erradicación”. Pese a las buenas intenciones, la Comisión nunca llegó a ponerse en marcha y las labores destinadas a prevenir nuevos genocidios y a promover la convivencia entre hutus y tutsis quedó en manos de la Comisión Nacional por la Unidad y la Reconciliación (CNUR), creada también en 2007. Esta comisión identifica las siguientes estrategias como clave para la superación de las ideas que un día llevaron al genocidio: educación cívica, movilización de masas, alegatos, investigación, conferencias-debate y lucha contra la pobreza.

 

En el 2010, Kagame fue reelegido como presidente para otros siete años con el 93% de los votos y el Frente Patriótico Ruandés continúa al frente del Parlamente. Los que a principios de los 90 formaran parte de un grupo rebelde tutsi formado en Uganda con la intención de derrocar al gobierno hutu, son ahora la cúpula de un Gobierno cuya política de reconciliación impide hacer la diferenciación entre la etnia tutsi y la hutu. Y toda apunta a que las directrices del Gobierno han sido aprendidas por los ciudadanos. Según señaló Sistiaga, la idea de la reconciliación parece que ha calado entre los ruandeses cuando, sobre el terreno, preguntas en público sobre el tema. Todos defienden que son ruandeses, no hutus o tutsis, aunque en privado admiten que todavía debe pasar una generación completa para que se pueda perdonar. Y es que en la actualidad muchos de aquellos que fueron condenados por los crímenes del genocidio están saliendo de las prisiones tras haber cumplido condena. Las aldeas que un día fueron escenario de atrocidades de todo tipo son ahora lugares en los que víctimas se ven obligadas a convivir con sus verdugos, con aquellos que aniquilaron a amigos y familiares y les hirieron a ellos mismos. Y las heridas del alma son las más difíciles de superar.